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Recomendaciones para Enfrentar la Problemática Fiscal de El Salvador


En el mundo de los modelos a seguir, la situación fiscal de El Salvador dista mucho de ser uno. De hecho, existen varios factores preocupantes, tales como la  existencia de una deuda pública que tiende a niveles insostenibles; déficit fiscal cada vez mayor; un Banco Central de Reserva, prácticamente discapacitado, al no contar con los brazos de la política monetaria amputados por la dolarización ―la cual dicho sea de paso tiene un origen poco inspirador―; y bajos niveles de ahorro e inversión. Sin embargo, El salvador no está condenado a convertirse en la Grecia de Centroamérica. En realidad, existen medidas a seguir para enfrentar la problemática fiscal ―difíciles claro esta y probablemente con costos políticos―. En ese sentido, mis recomendaciones para mejorar la situación fiscal de El Salvador son: Establecer un impuesto suntuario; implementar el impuesto predial; ampliar la base tributaria con un monotributo; combatir frontalmente la evasión; reducir el gasto en subsidios; eliminar el 6% de ingresos obligatorios para el Órgano Judicial; financiarse con fondos de ahorro obligatorios; y no desdolarizar.

Como primera recomendación, se deben establecer tasas diferenciadas del impuesto al consumo (IVA) para los bienes y servicios suntuosos o bien un impuesto especial para ellos, debido a que los bienes y servicios de primera necesidad deben sufrir un gravamen inferior a los bienes de lujo. A decir verdad, gravar los bienes y servicios de lujo presenta varios beneficios. En primer lugar, se afecta únicamente a un grupo reducido de personas, el segmento de la población que percibe la mayor parte de las rentas y ostenta un alto poder adquisitivo, consiguiendo un aumento de los ingresos públicos sin afectar a la población de escasos recursos. En segundo lugar, establecer un impuesto suntuario es una medida dirigida a disminuir el efecto regresivo del impuesto IVA, ya que este recae sobre el grueso de los consumos, haciendo que la mayor parte de carga del impuesto la soporte la población de menores recursos.

El segundo recomendable es implementar un impuesto predial. Debido a que representa una fuente de ingresos estable y previsible. Por otra parte, este impuesto no solo contribuye como ingreso si no también como disuasor del acaparamiento de tierras volviéndola más accesible para la población. Adicionalmente, es un impuesto difícil de evadir ya que tiene una base imponible  virtualmente imposible de ocultar.

Una tercera acción consiste en ampliar la base tributaria. En otras palabras, hacer que más entes económicos contribuyan. Lo anterior, se puede lograr con la imposición de un monotributo orientado al pequeño comerciante informal. Sin duda, un sistema sencillo de tributación para pequeños contribuyentes con cuotas fijas realistas, que ofrezca como gancho acceso al sistema de seguridad social hará bien su cometido.

Paralelamente,  junto a las ideas anteriores se debe batallar sin descanso a la evasión fiscal. En efecto, existe una crítica popular que se hace a las administraciones tributarias, la cual se refiere a que “sólo cazan dentro del zoológico”. Haciendo alusión a que se revisa y exige con escrutinio a los contribuyentes que están registrados y que incluso por voluntad propia se han formalizado, mientras que se hace poco o nada contra la gran cantidad de evasores que actúan al margen del sistema, muchos de los cuales pueden resultar ser mamuts económicamente hablando. Sin lugar a dudas, es más que recomendable un combate frontal a la evasión; dado que, posibilita aumentar los ingresos sin aumentar los impuestos.

Por otra parte, cuando se observa la composición del gasto público, parece difícil encontrar un área a la cual se le pueda hacer recortes. Aun así, al analizar a detalle se observa que El Salvador no es un país rico pero subsidia como si lo fuera. Por ende, es menester dejar de hacerlo, al menos como país superavitario, y limitarse a subsidiar a los hogares de economía de subsistencia. Lo que significa, concentrar el gasto para subsidiar gas, electricidad  y otros sólo entre quienes lo necesitan, permitiendo disminuir el referido gasto público.

Asimismo, en el presupuesto del gasto público existe una aberración técnica. Específicamente, el 6% de los ingresos corrientes del Presupuesto del Estado que se asigna al Órgano Judicial. Por esa simple razón, todos los esfuerzos por aumentar los ingresos públicos conllevan a que de cada dólar que el Ministerio de Hacienda logra recaudar, seis centavos estén destinados a dicho órgano aunque no sean necesarios. Precisamente, en ese aspecto radica la monstruosidad de la figura, ya que un presupuesto es una herramienta de planificación y control, en la cual en función de los recursos y necesidades prioritarias se establece en que y por cuanto se ha de gastar. Coherentemente, designar una proporción significativa del presupuesto sin una justificación técnica en un país con tantas necesidades es una abominación que debe ser erradicada de la Constitución.

En otro aspecto, se aprecia que se ha tratado de financiar el desarrollo con deuda pública en lugar de recursos propios, una deuda que no ha surgido hace un par de años por generación espontanea, y que ya supera el 50% del PIB, aunado a su respectivo servicio que ronda el 4% del referido indicador. En cambio, lo recomendable es financiarse con recursos propios. En este caso, fondos de ahorros obligatorios con aportaciones de los trabajadores y sus respectivos empleadores, estos ahorros pueden ser por ejemplo, para vivienda o educación de sus hijos. Lo importante, es que se está aumentando el ahorro y que dichos fondos pueden ser usados estratégicamente en inversión estructural, que por supuesto garantice un aumento de flujos de efectivo futuros. Es más, es recomendable que el Estado tome control nuevamente de los Ahorros de Fondos para Pensiones y abandone el juego de estar emitiendo Certificados de Inversión Previsional (CIP). Indudablemente, esto le daría al Gobierno un mayor margen de maniobrabilidad y liquidez.

Finalmente, la dolarización puede parecer la Equidna de los males salvadoreños, a la que hay que eliminar a toda costa. No obstante, como bien lo dice el Doctor Carlos Acevedo, “la dolarización es como un arpón incrustado en el cuerpo, en donde sacarlo pude matarte, mientras que dejarlo mantenerte vivo”. Actualmente, revertir la dolarización sería el golpe de gracia para la economía salvadoreña. ¿Por qué? La respuesta es que el temor de perder poder adquisitivo por el cambio de moneda animaría a las personas a retirar sus dólares del sistema financiero. Como consecuencia, se propiciaría una fuga de capitales seguida del alza de las tasas de interés e inflación. Quizá, en el futuro desdolarizar sea inevitable, por falta de liquidez del gobierno que lo obligue a acuñar moneda para pagar sus obligaciones. Sin embargo, hoy por hoy no es recomendable desdolarizar.

En conclusión, es incuestionable que El Salvador tiene problemas fiscales relacionados a deuda, déficit fiscal, inexistencia de política monetaria por la dolarización, inversión y ahorro. Empero, existen rutas a seguir para sanar dicha situación. De hecho, mis recomendaciones son aumentar los ingresos tributarios; mediante un impuesto a los bienes y servicios suntuarios, un monotributo para el pequeño comerciante y enfrentar la evasión fiscal. En la otra mano, sugiero reducir el gasto en subsidios y eliminar el 6% de ingresos asignado por la Constitución al Órgano Judicial. Adicionalmente, que el financiamiento sea a través de fondos propios del país y no vía deuda. Por último, no revertir la dolarización, al menos actualmente.

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